Los y las asambleístas pertenecen a la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), de la Central General de Trabajadores (CGT), y el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Han rechazado, además, las iniciativas de privatizar los servicios públicos, “ahora más evidenciada con la Ley Reguladora del Régimen de Participación Público Privada”.
El denominado proyecto Pacto, es impulsado directamente por el titular del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, quien argumenta que un Plan Nacional Solidario de Empleo anti crisis, generará unos 600 mil puestos de trabajo para la población desempleada y un circulante de unos mil 200 millones de lempiras para “el despegue socio-económico de Honduras”.
Las y los trabajadores refutan que “el alto índice de desempleo en Honduras, viene desde hace muchos años y se incrementó como consecuencia del golpe de Estado”, iniciado el 28 de junio de 2009, pero esto “no es culpa de los trabajadores, sino de una empresa privada sin iniciativa de desarrollo”.
El Pacto busca imponer y privilegiar el trabajo temporal por encima del permanente. Viola la Constitución, el Código del trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al suprimir derechos fundamentales, estabilidad laboral y de organización sindical, sostienen los trabajadores.
Advierten que “no permitiremos que nos arrebaten” los derechos laborales de vacaciones, aguinaldo, maternidad y prestaciones sociales adquiridos por la lucha sindical desde hace 56 años, producto de la Huelga General de 1954.
“Hemos sido pacientes en la espera de respuestas a nuestras exigencias, advertimos que esto no se debe entender como una debilidad y estamos dispuestos a ejercer todas las acciones necesarias que conlleven al respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, aseguran.
Revisar leyes laborales es tarea exclusiva del movimiento sindical.
Reclaman las y los trabajadores que “revisar o regular el marco jurídico estrictamente laboral corresponde al movimiento sindical organizado” y no a otros actores que en el ánimo de buscar un “protagonismo mercenario” nos les importa perjudicar los derechos de los y las trabajadores, históricamente adquiridos.
El discurso social del titular del Legislativo.
El presidente del Poder Legislativo, Juan Orlando Hernández, ha pretendido convencer a las y los trabajadores de que la Ley de empleo temporal, no afectará los derechos y conquistas de la clase trabajadora.
No obstante, Hernández en su apología del proyecto, resalta, constante y entusiasta, el avance desarrollista que adquirirá la empresa privada con el Pacto, lo que tradicionalmente y por principio, nunca ha tenido efecto en el bienestar de las y de los trabajadores que venden su fuerza de trabajo.
En su afán de convencer a los trabajadores sobe el beneficio de la Ley de participación público- privada, Hernández criticó a los empresarios por preferir tener 42 mil millones de lempiras en los bancos en vez de invertir, presentándoles la ley como reto.
Cuando la empresa privada no ha presentado ninguna oposición, al contrario la ley es impulsada desde ahí.
Para congraciarse con los sectores laborales opuestos, Hernández también ha intentado comparar la ley de inversión pública-privada, con los procesos de recuperación de soberanía sobre los recursos, de los gobiernos progresistas en América del Sur.
Las y los asambleístas ratificaron su “apoyo incondicional al magisterio que vive un momento crucial en defensa de la educación pública y la estabilidad financiera del Inpremah”; así como también a la “valiente acción reivindicativa” del Sitraunah.
Convocan a movilización del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) del 18 de agosto
Red Morazánica de información