Entre las organizaciones sociales y en algunos medios de comunicación ha circulado un informe que supuestamente fue enviado el 21 de diciembre de 1999 al entonces Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, Ingeniero Manuel Arriaga Yacamán, con datos suministrados por el registro de abonados y la sección comercial de la empresa.
Entre otros asuntos el documento revela que el Estado no tenía necesidad de contratar las voraces plantas de energía térmicas, la capacidad de la empresa de tener rentabilidad y las escandalosas “condonaciones” realizadas hasta noviembre de 1999 que de acuerdo con esa información se hicieron a una lista de empresas.
El Gobierno no ha desmentido el supuesto documento, pero tampoco ha revelado cuales son los grandes deudores a quienes les han borrado su deudas por considerarlas “irrecuperables”. Tampoco han reaccionado los dueños de las empresas mencionadas y sólo algunos periodistas conocidos por su defensa permanente de los poderosos se han adelantado a señalar que el documento a lo mejor fue elaborado por alguien que quiere perjudicar a quienes se mencionan y que no es oficial.
Sin embargo, eso de borrar deudas no es nuevo en la ENEE. Es más, en Mayo pasado un funcionario de la ENEE anunció que revisarán las deudas pendientes y que piensan borrar unos mil millones de lempiras de las cuentas por cobrar porque es imposible recuperarlas y ello les causa problemas en la contabilidad.
Las “condonaciones de hecho” no sólo es que se han realizado en varias ocasiones, sino que anuncian que lo seguirán haciendo. El pueblo debe exigir que se brinde un informe completo con toda la verdad sobre quienes han saqueado esta institución que ahora pretenden privatizar. Las acciones las hacen los funcionarios gubernamentales pero los beneficiados son casi todos de la empresa privada.
“Estas donaciones se han efectuado en varios periodos y por solicitudes que están fuera de nuestro alcance regular, y según el Departamento Legal de la Empresa un 44 por ciento provienen del Despacho Presidencial, 26 por ciento del Congreso Nacional y el 11 por ciento de la Corte Suprema de Justicia, 10 por ciento políticos y un 9 por ciento de militares”, señala el documento.