Algunas empresas de Estados Unidos invertirán en Honduras por las facilidades que les da el Tratado de Libre Comercio (TLC). Vendrán a montar maquilas y a comprar tierras para producir bienes para la exportación, se apropiaran de ciertos servicios públicos, abrirán algunos comercios y otros negocios.
Estas inversiones van a generar puestos de trabajo mal pagados y bajo condiciones de explotación, principalmente en maquilas y agro exportadoras.
Al mismo tiempo, crecerá el desempleo por la quiebra de muchas industrias que serán desplazadas por las estadounidenses, en el sector agropecuario porque bajará la producción y en el gobierno, donde las privatizaciones y la reducción del presupuesto provocará el despido de los empleados públicos.
El capitulo laboral del TLC, establece que en el caso de que alguna empresa no cumpla algún derecho laboral, no hay ningún mecanismo para que las trabajadoras y trabajadores la demanden, ni tampoco el estado puede hacerlo.
Sin embargo, las empresas si pueden demandar al estado cuando una acción en materia laboral se considere que afecte el comercio, es decir sus ganancias, generando la “flexibilidad” o “flexibilización”.
El término tiene un origen empresarial y se refiere a la libertad para contratar y disponer de la fuerza de trabajo, es decir, libertad de explotación. Para legalizar la flexibilidad laboral son necesarias las reformas de la legislación nacional, mismas que no beneficiarán al trabajador, sino al empresario.
En Honduras estas acciones se orientan, a reformar el Código del Trabajo, la Ley del Servicio Civil y a derogar los estatutos gremiales, acciones que eliminan muchos beneficios conquistados durante largos años de lucha organizada.
Todo refleja que la flexibilidad laboral tiene como propósito la disminución de los derechos de los trabajadores, ofrecer menos seguridad en el empleo, reducir las prestaciones sociales, mayor facilidad para los despidos y otras consecuencias derivadas de los compromisos adquiridos a favor del capital transnacional.
En este proceso, se identifican aspectos como los despidos sin prestaciones, la contratación temporal, variaciones de la semana laboral y los sistemas de producción que amplían la jornada laboral, “se habla de sistemas 4×4,3×3, 2×3, que obligan a la personas a trabajar hasta 12 diarias sin pagar horas extras, entonces la empresa con este tipo de jornadas, queda libre del pago de horas extras, queda libre incluso del pago días domingos y días feriados dobles”, expresó Yadira Minero, coordinadora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) en San Pedro Sula.
Minero mencionó, que otro ejemplo, son los contratos por hora que se estila en muchas empresas hondureñas, donde los trabajadores laboran de 12 a 15 horas diarias, que se convierte en ilegal porque la jornada universal es de ocho horas.
En el caso especifico de fábricas maquiladoras, la coordinadora del CDM, asegura que la renovación de contratos anualmente, hace y que las y los trabajadores pierdan antigüedad, dándoles mayor facilidad a los empresarios para el despido, ya que al no haber estabilidad laboral se pierde la mayoría de los derechos establecidos en el Código del Trabajo.
Aunque estas acciones son violatorias de la ley, las relaciones se flexibilizaron porque el gobierno no exige el cumplimiento del Código del Trabajo, la gente acepta las condiciones porque no confía en las organizaciones sociales que hacen la tutela colectiva y no hay otra opción para los obreros, más que aguantar.
En tal sentido no ha requerido una reforma del Código del Trabajo porque por la miseria y el hambre, las condiciones han sido aceptadas por los trabajadores.
Esta relación laboral conduce al fortalecimiento de la tendencia al pago de salarios bajos, labores nocivas para la salud y pérdida de la seguridad social. Situación que enfrenta a los trabajadores a los abusos de parte de los empresarios, como el despido de trabajadoras por embarazo, por ejemplo.
Desempleo
El sector agropecuario se verá profundamente afectado con la quiebra de muchas unidades de producción que no podrán enfrentar la competencia.
La pérdida de empleo en las zonas agrícolas, incrementará la emigración del campo a la ciudad, sobre todo hacia los lugares de mayor inversión, como San Pedro Sula y otros municipios cercanos, para buscar un trabajo en la maquila. El fenómeno migratorio aumentará la demanda de servicios básicos y de vivienda digna, pero estas urbes no reúnen las condiciones necesarias.
Por su parte el presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), seccional de San Pedro Sula, Luis Santos Madrid, señala que el Tratado también afectará a la clase trabajadora.
En el sector público serán afectados por la privatización de las instituciones y por la carta de intensiones firmada con el Fondo Monetario Internacional, que dió plazo hasta diciembre de este año, para que desaparezcan las organizaciones sindicales, los contratos colectivos y los estatutos profesionales, destacó el dirigente obrero.
Además coincide con el resto de organizaciones populares, en que Honduras no tiene capacidad para competir, que la pequeña y mediana industria se encuentra desamparada y que por falta de apoyo gubernamental desaparecerá la Reforma Agraria.
En ese sentido la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), coincide con las organizaciones campesinas, al considerar que los productores hondureños no están preparados para competir con un mercado tan grande como el de los Estados Unidos.
Juan Ramón Irías, representante de la CUTH, señala que la competencia desigual ha ocasionado el cierre de pequeñas y medianas empresas, acelerando el crecimiento de la economía informal, personas que desprotegidas de todos los beneficios sociales y laborales, buscan ganarse la vida.