El Presidente Zelaya, hizo un llamado público a quienes fueron miembros de su gobierno del Poder ciudadano, para que “ningún funcionario colabore” con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) oficialista, en tanto ésta no sea conformada con las “exigencias y requisitos que debe cumplir una genuina e imparcial Comisión de la Verdad”.
Tomé cuestionó que la comisión “no tiene asidero jurídico”, por que nace de un acuerdo ejecutivo no de un decreto legislativo, que le pudiera dar un mandato e independencia claro.
Zelaya cree que, de participar ellos, en las condiciones actuales en que ha sido constituida esa Comisión, se causaría “aún más daños y efectos negativos que los sufridos por el golpe de Estado”, en tanto no se incluya a otros miembros nacionales e internacionales opuestos al Golpe.
Desde el exilio Zelaya ha advertido sobre el riesgo de que, al colaborar, se avale un informe “falso” que, quedaría en la historia como “la verdad”, con el que podrían liberar de culpabilidad a los autores de “este crimen de lesa humanidad contra el pueblo de Honduras”. Pues, de manera “inaudita e incomprensible”, esa Comisión no incluirá las violaciones a los derechos humanos.
Otros críticos de la comisión como el Presidente del Comité Para la Defensa de los derechos Humanos en Honduras CODEH, han alertado que la comisión lo que hará es un “documento de la Comisión de la Verdad va ser un manual estratégico para dar golpes”.
La comisión no tiene mandato para investigar las violaciones a los derechos humanos, tampoco incluye la participación de las victimas al ser integrada unilateralmente por personas afines al golpe de Estado.
Zelaya ha denunciado que el régimen actual tiene como estrategia “olvidar, pasar la página del Golpe de Estado y dejar impunes sus crímenes contra el pueblo”, y manipular las causas y los terribles efectos del Golpe de Estado, en un falso intento por aliviar sus consecuencias mediante el reconocimiento internacional.
10062010MA